19/02/2021. ASAJA, COAG y UPA acudirán el próximo martes, 23
de febrero, a la reunión con el Secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán,
con una petición innegociable: la retirada inmediata de la Orden Ministerial de
Transición Ecológica por la que se incluye al lobo en el en Listado de Especies Silvestres
en Régimen de Protección Especial (Lespre) y deja de ser especie cinegética en toda
España. A partir de ahí, las organizaciones agrarias muestran su total disposición para
trabaja con el ministerio en medidas que permitan la coexistencia de la actividad
ganadera y la fauna silvestre.
ASAJA, COAG Y UPA sostienen que la Orden Ministerial que Transición Ecológica
pretende poner en marcha es de todo punto inaceptable ycarece de la necesaria
legitimidad para salir delante. No hay más que recordar las circunstancias en las que la
Comisión Estatal para el Patrimonio Natural y la Biodiversidad decide prohibir el
control de la especie, en una votación muy cuestionada, que tuvo que ser repetida y
con los votos en contra de las Comunidades Autónomas donde el lobo tiene su
principal implantación.
La Orden elaborada por el ministerio de Teresa Ribera se basa en un censo de
población de lobos de 2012-2014 que no refleja la situación actual y en el llamado
informe ASCEL, realizado por la Asociación para la Conservación del Lobo. Ignora
criterios científicos y objetivos y carecedel necesario consenso de las partes afectadas
(Comunidad Autónomas donde se localiza el lobo y el propio sector ganadero, víctima
de los ataques).A fecha de hoy, esta orden ni siquiera cuenta con el plácet de todas las
organizaciones ecologistas y conservacionistas.
En opinión de las Organizaciones Agrarias la única forma de solucionar este disparate
normativo es que el ministerio retire la polémica orden y que se elabore un Plan de
Actuación Global sobre el Lobo que incluya un diagnostico real y certero de la situación

del lobo y la ganadería; medidas de gestión y control de la especie; medidas de
prevención de los ataques y un programa de indemnizaciones para los ganaderos que
en ningún caso deben sufragarse ni con las ayudas de la PAC, vía eco esquemas, ni con
los seguros agrarios que suscriben los productores.
Entendemos que para blindar el estatus legal del lobo lo más lógico sería conocer
primero su situación real, es decir contar con un censo actualizado de la población del
lobo ibérico (actualmente en fase de elaboración). Según los datos que manejamos las
organizaciones agrarias, el lobo, lejos de estar en peligro de extinción, se encuentra en
fase expansiva, aumentando significativamente el número de animales y manadas
cada año y extendiéndose a territorios donde hasta ahora no tenía presencia. Y prueba
de ello es que los ataques a la ganadería se han incrementado exponencialmente
pasando de más de 10.000 ataques de lobos registrados en 2019 a cerca de 15.000 en
2020. Con unas pérdidas estimadas que superan los 5,5 millones de euros.