26/02/2020. Las investigaciones realizadas por el Seprona y los servicios técnicos de la Junta han determinado el origen de la contaminación: los depósitos de la estación de servicio Zamarrilla Inversiones S.L., ubicada a escasos metros de las viviendas. Los derrames y fugas de hidrocarburos se filtran al suelo y a las aguas subterráneas, llegando hasta las casas por los colectores de evacuación de aguas residuales. Los niveles de n-hexano y sulfato de dimetilo detectados en las pruebas toxicológicas están considerados importante e intolerable respectivamente. Estas sustancias tóxicas son compatibles con los síntomas que presentan las vecinas y vecinos de la barriada derivados de la exposición continuada.
Existe una evidente relación entre las emanaciones detectadas en las viviendas, las fugas de la gasolinera y los efectos nocivos sobre la salud de las personas afectadas. Sin embargo, poco o nada se habla del impacto ambiental que aún está por determinar. Los efectos del vertido sobre suelos y aguas, flora, fauna, cultivos y pesquerías de la zona están por cuantificar. Es preciso avanzar en estas investigaciones para fijar responsabilidades y acotar en la medida de lo posible sus efectos.
Por ello, se van a solicitar los resultados de las inspecciones, tanto obligatorias como voluntarias, a las que obliga la ley de control de gasolineras. Los altos niveles de contaminación detectados levantan sospechas en cuanto a una posible negligencia por parte de los organismos de control. Parece que este vertido no es una cuestión puntual, sino que viene arrastrándose desde años.
Ecologistas en Acción viene alertando los últimos años de la insuficiencia del control establecido por las administraciones sobre las estaciones de servicio. Estas se instalan en los núcleos urbanos, pegadas a viviendas, o a cauces de ríos y arroyos. No se garantiza la estanqueidad de los depósitos ni se evitan los derrames en el llenado, provocando vertidos al suelo. Esto ocasiona una contaminación difusa de productos derivados de la alteración de los gasóleos y gasolinas de gran alcance y muy alta toxicidad.
Ecologistas en Acción advierte a EMASESA, ALJARAFESA y al Ayuntamiento de Coria del Río que la adopción de medidas ambientales es urgente y no haber asumido responsabilidades en tiempo y forma puede incurrir en un delito de prevaricación por delito al medio ambiente. Así mismo, se advierte a los responsables de la Consejería y Delegación de Salud que su negación a la realización de pruebas médicas a las personas afectadas desde el primer momento también puede incurrir en un delito de prevaricación por lesiones continuadas.